Maíz nativo: la ley y el plan, el plan y la ley.

La Jornada, sábado 25 de abril del 2020

De Ana de Ita (Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano)

Ahora que todos sabemos que la Asociación Mexicana de Semilleros (AMSAC) felicitó a los diputados por aprobar la Ley de Fomento y Protección del Maíz Nativo (https://bit.ly/3cFlGLL), intentamos avanzar en sus posibles motivos.

El Consejo Directivo de la AMSAC integra a los gigantes genéticos Syngenta y Bayer, ahora dueña de Monsanto, y tiene como uno de sus socios estratégicos a Corteva, fusión de Pioneer-Dupont-Dow. Estas tres corporaciones solicitaron la gran mayoría de permisos para siembra de maíz transgénico en el país entre 2009 y 2012.

En años recientes otro grupo de corporaciones realizó reuniones en torno al maíz, convocadas por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMyT) y auspiciadas por el gobierno de México a través del programa Masagro, por la membresía del Fondo de Innovación del sector privado en el que participan Kellogg’s, Bimbo, Gruma, Nestlé, Syngenta y Pioneer. En estas reuniones, celebradas entre 2017 y 2019, participaron instituciones del gobierno y académicas, empresas, además de asociaciones, entre ellas por supuesto la AMSAC. Sus resultados fueron publicados en agosto de 2019, como Plan Estratégico 2030, Maíz para México.

Plantearon posibles escenarios para el grano en México hacia 2030 y definieron dos propósitos: aumentar la autosuficiencia de producción de maíz, que repercutiría en la disminución de importaciones, a cargo de pequeños y medianos agricultores con excedentes y grandes productores, proteger la milpa, la biodiversidad y el bienestar, en el que entran los agricultores familiares y comunitarios.

El plan maíz para México separa dos tipos de producción: de agricultores y de razas y variedades de maíz; por un lado, los que se orientan a lograr la autosuficiencia de la producción y, por otro, los que protegen la milpa y la biodiversidad. Pero ambos son parte de la misma estrategia que interesa a las corporaciones.

Para la autosuficiencia, propone aumentar la adopción de semillas mejoradas, asunto muy importante para las corporaciones semilleras, pues en México, según la Encuesta Nacional Agropecuaria 2017, sólo 26 por ciento de las unidades de producción las utiliza, mientras que 77 por ciento siembra semillas campesinas. Busca aumentar la superficie de maíz sembrada con semilla mejorada en 1.7 millones de hectáreas, que será disminuida a la que actualmente se siembra con granos campesinos, para duplicar las ventas de las empresas semilleras mexicanas. Además, promueve adoptar sistemas de agricultura climáticamente inteligente, que de acuerdo con las investigaciones del Grupo ETC resultan en una agricultura sin campesinos, a la par que afianzan el control corporativo sobre la agricultura y la alimentación.

Para proteger la milpa y la biodiversidad, el plan propone acciones muy similares a las que plantea la ley de fomento al maíz nativo: proteger al sistema milpa como patrimonio biocultural, desarrollar un consejo consultivo para guiar la agenda nacional, preservar la biodiversidad y los recursos genéticos, la creación de bancos comunitarios de semillas, consolidar un registro nacional sobre la diversidad en el sistema milpa y vincular a los productores de maíz nativo con los mercados formales. Apunta también que es necesario un marco legal para salvaguardar la integridad del sistema milpa. No sabemos si fue la ley la que inspiró al plan o al revés.

Tal como señaló la Red en defensa del maíz, en su comunicado del 2 octubre de 2019, uno de los aspectos más cuestionables de la ley de fomento del maíz nativo es su artículo 12, el cual propone que las instituciones identificarán las áreas geográficas en las que se practican sistemas tradicionales de producción de razas de maíz nativo. Segregar regiones donde sí se produce maíz nativo, coloca a las que no como sitios donde se puede sembrar cualquier cosa y bajo cualquier método. Las corporaciones semilleras han sido las más interesadas en lograr esta diferenciación regional para tener un territorio libre para sus paquetes tecnológicos.

En paralelo, y tal como analiza la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, la propuesta de proteger al sistema milpa resulta un instrumento idóneo para la biopiratería de las semillas y saberes campesinos en favor de las trasnacionales. A través de los bancos de semillas, los catálogos, las bases de datos y los procesos de sistematización que pretenden llevar a cabo los agentes que elaboraron el plan maíz para nuestra nación, podrán adueñarse de la biodiversidad del sistema milpa y de sus conocimientos asociados, que pertenecen a los pueblos originarios, quienes los han creado, mantenido, mejorado y diversificado a través degeneraciones.

El plan corporativo de maíz para México clarifica que el avance de la agricultura industrial, mediante su intensificación y uso de los insumos producidos por las trasnacionales, incluye también la protección de la milpa, la biodiversidad y el maíz nativo como recursos genéticos privatizables por las corporaciones, y sugiere una explicación posible al beneplácito de la AMSAC por la Ley de Fomento y Protección al Maíz Nativo.

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